Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., 30 de septiembre de 2026.- Vecinos de la colonia Ampliación Jardines del Sur, de la ciudad de Córdoba, denunciaron la presunta existencia de una red de simulación y fraude procesal que, aseguran, pretende despojarlos de sus predios, poniendo en riesgo el patrimonio de 104 familias que habitan en el lugar.
Para solicitar la intervención de las autoridades competentes, los colonos se manifestaron en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, frente a Palacio de Gobierno, en esta ciudad capital.
Los inconformes señalaron al exjuez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Gustavo González Lazcano, a quien acusan de presuntas violaciones al debido proceso, parcialidad y omisiones a la legalidad que, según afirmaron, los mantienen en incertidumbre jurídica.
Luisa Galán, una de las afectadas, acusó a Daniel Trujillo, a un hombre identificado únicamente como Jesús y a Beatriz Valdivia, quienes presuntamente se ostentan como directivos de la asociación Jardines del Sur.
La vecina afirmó que dicha asociación habría sido conformada sin notificar a los residentes de la colonia y que, según los afectados, se habrían utilizado firmas que no corresponden a los habitantes.
“Es una asociación que se fundó en 2022 y, al enterarnos de las irregularidades cometidas, nos negamos a seguir integrándola. En represalia, ahora nos quieren quitar nuestros terrenos. Se sienten dueños del predio. Nos invitaron a ser parte de la asociación y, como no lo hicimos, ya nos están amenazando con quitarnos los terrenos, cuando nosotros somos fundadores desde 2004”, señaló.
En un comunicado dirigido a la gobernadora Rocío Nahle García, los vecinos señalaron que el conflicto se agravó el 28 de febrero de 2025, cuando Daniel Trujillo González presuntamente ingresó con maquinaria pesada al área verde comunitaria de la colonia, donde habría derribado árboles y realizado trabajos de nivelación.
De acuerdo con los manifestantes, al ser confrontado, Trujillo González afirmó ser el legítimo propietario de las más de 1.8 hectáreas que comprenden 103 lotes del asentamiento, y habría sustentado su dicho en una sentencia dictada por el entonces juez Gustavo González Lazcano, dentro del expediente 1075/2024.
Los vecinos sostienen que, de acuerdo con documentos que aseguran haber recabado, Daniel Trujillo promovió un juicio civil de prescripción positiva (usucapión), ostentándose como representante de la asociación civil Jardines del Sur, Córdoba, A.C., y presentando como sustento un supuesto contrato de compraventa fechado en 2022.
Los afectados consideran que el procedimiento podría constituir un fraude procesal basado en una presunta simulación, al argumentar que existe una imposibilidad cronológica. Explicaron que la asociación civil fue constituida mediante la escritura pública número 8,717, de fecha 17 de abril de 2022, por lo que, a su juicio, no podría acreditar por esa vía los 20 años de posesión continua que exige la legislación civil para la prescripción de mala fe.
También denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con firmas y emplazamientos. Aseguraron que los vecinos no reconocen como propias las firmas que aparecen en la supuesta acta constitutiva ni en el contrato base de la acción, y señalaron que tampoco fueron notificados ni llamados al juicio.
Los colonos afirmaron que su posesión pacífica, pública y de buena fe data del 4 de noviembre de 2004, y señalaron que cuentan con contratos de compraventa celebrados con Arturo Cienfuegos Díaz Ordaz, además de antecedentes en los que intervino la Dirección General de Patrimonio del Estado.
Por estos hechos, los manifestantes solicitaron que las autoridades investiguen lo que consideran una posible red de corrupción e influyentismo, en la que, según sus señalamientos, estarían involucrados el exjuez Gustavo González Lazcano, la Notaría Pública Número 18 de Córdoba, el Registro Público de la Propiedad, el Catastro Municipal y los particulares Arturo Cienfuegos Díaz Ordaz y Daniel Trujillo González, entre otros.
Los vecinos pidieron la intervención de las autoridades estatales para esclarecer el conflicto, determinar la legalidad de los actos denunciados y garantizar la seguridad jurídica de las familias que habitan en la colonia.