Osiris Muñoz
Xalapa, Ver., 4 de agosto de 2026.- La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, negó que las investigaciones abiertas contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, respondan a intereses políticos.
En conferencia de prensa, señaló que los procesos que lleva a cabo la FGE se desarrollan con base en datos de prueba y no por presiones partidistas.
“No vengo a hacer política. Mi prioridad, tanto cuando estuve en el Poder Judicial como ahora en la Fiscalía, ha sido la justicia. Cuando acudimos ante un juez no llevamos argumentos políticos, llevamos datos de prueba”, declaró.
La fiscal explicó que tanto las órdenes de aprehensión como las vinculaciones a proceso y las sentencias dependen de los elementos integrados en cada carpeta de investigación y de las determinaciones judiciales, por lo que rechazó que una sola autoridad pueda definir el resultado de un procedimiento penal.
Caso Roxana Guzmán sigue abierto
Sobre el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán, Jiménez Aguirre informó que la investigación continúa y confirmó que existen acciones pendientes por realizar, entre ellas posibles nuevas órdenes de aprehensión.
Recordó que ocho personas ya fueron vinculadas a proceso por homicidio doloso y permanecen bajo prisión preventiva, aunque evitó revelar cuántos mandamientos judiciales faltan por cumplimentar o cuántas personas más permanecen bajo investigación.
Señaló que proporcionar información anticipada podría poner en riesgo el desarrollo de las diligencias y la ejecución de las órdenes pendientes.
La fiscal indicó que, una vez concluidas las acciones ministeriales, la institución podrá informar con mayor detalle sobre la integración de la carpeta y la posible participación de las personas involucradas, respetando en todo momento la información reservada para proteger a las víctimas y sus familiares.