Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., 23 de julio de 2026.- Será a mediados de agosto del presente año cuando el pleno del Congreso del Estado podría votar los desafueros de los alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC), Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, informó el diputado local Ramón Díaz Ávila, secretario de la Comisión Instructora de esta Legislatura.
En entrevista, el legislador del Partido del Trabajo (PT) aseguró que la agilidad en el trámite obedece a que el caso alcanzó relevancia nacional. Señaló que, en el caso de Ixhuatlán del Sureste, el proceso está relacionado con el homicidio de una reportera, cuyo caso generó amplia atención pública.
“Fue un tema mediático a nivel nacional. Lo que pasó en Ixhuatlán del Sureste con una reportera que sustrajeron de su casa y después aparecieron sus restos en el municipio de Moloacán, es todo lo que he leído y que está en redes; eso fue lo que lo motivó”, expresó.
Sin embargo, Díaz Ávila aclaró que la Comisión Instructora aún no cuenta con el expediente completo, por lo que no pudo precisar los argumentos que sustentan la solicitud de juicio de procedencia presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra ambos alcaldes.
Respecto al caso del presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, explicó que el procedimiento está relacionado con el hallazgo de cuerpos humanos en ese municipio.
“Lo que sabemos es por qué aparecieron allí, en el municipio de Úrsulo Galván”, indicó.
El diputado enfatizó que la Comisión Instructora no tiene facultades para determinar la culpabilidad o inocencia de los ediles, sino únicamente analizar la información y las declaraciones que presenten durante el proceso.
“No somos Fiscalía para decir si tienen culpa o no. Nuestra responsabilidad es revisar lo que ellos declaren, porque ellos conocerán el expediente y después tendrán que contestarnos a la comisión”, explicó.
Agregó que, una vez recibidas las respuestas de los alcaldes o sus representantes legales, la Comisión Instructora contará con un plazo adicional para continuar con el análisis y emitir el dictamen correspondiente.
De acuerdo con el legislador, sería a mediados de agosto cuando el Congreso local estaría en condiciones de someter a votación el desafuero de ambos presidentes municipales.
Cabe señalar que, dentro de la carpeta de investigación NLC/DXXI/F1/256/2026, la Fiscalía General del Estado señala una posible relación del alcalde de Ixhuatlán del Sureste con hechos relacionados con la privación de la libertad y homicidio de una comunicadora.
Por estos hechos, ocho personas han sido vinculadas a proceso, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, incluido el jefe de la corporación, quienes presuntamente habrían brindado apoyo logístico a un grupo delictivo que incrementó su presencia en esa región durante 2026.