Osiris Muñoz
Xalapa, Ver., 26 de marzo de 2026.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, envió al Congreso del estado una iniciativa de reforma al artículo 230 del Código Penal, con el objetivo de ampliar las conductas sancionables en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, actualizar multas y endurecer castigos, particularmente cuando estén involucrados servidores públicos.
La propuesta fue recibida por la Diputación Permanente de la LXVII Legislatura y turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis, luego de ser presentada durante la novena sesión del primer receso, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos.
De acuerdo con el proyecto, se considerará delito realizar, por sí o a través de terceros, operaciones con recursos, bienes o derechos cuando se tenga conocimiento de que provienen de actividades ilícitas.
La reforma también amplía el catálogo de conductas, incluyendo acciones como adquirir, vender, administrar, custodiar, transferir o transportar dichos recursos dentro o fuera del estado.
También se prevén sanciones para quienes oculten o encubran la naturaleza, origen, ubicación o propiedad de estos bienes. Además, se establece que bastarán indicios o pruebas para presumir el origen ilícito de los recursos, siempre que no se pueda acreditar su procedencia legal.
La iniciativa plantea penas de cinco a 15 años de prisión, así como multas de mil a cinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en sustitución del esquema basado en el salario mínimo.
En el caso de servidores públicos, las sanciones podrían incrementarse hasta en una mitad, además de contemplar la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo equivalente al de la condena.
En la exposición de motivos, se señala que el artículo vigente no ha sido modificado desde 2003, a diferencia de la legislación federal, por lo que se busca armonizar el marco estatal para fortalecer la persecución de este delito.
La iniciativa será analizada en comisiones antes de ser dictaminada y, en su caso, presentada ante el pleno del Congreso para su discusión y votación.