Karla Rodríguez Chimal
Xalapa, Ver., 10 de febrero de 2026.- Integrantes de la asociación civil Unidad Habitacional Teocalli, conformada por académicos de la Universidad Veracruzana, denunciaron un presunto despojo relacionado con un predio ubicado sobre la calle Agustín Lara, colonia Badillo, de esta ciudad.
Celia Cecilia Acosta Hernández, una de las afectadas, explicó que el terreno fue adquirido legalmente en 1997, mediante un contrato de compraventa con una superficie de 13 mil 580 metros cuadrados, el cual quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio. Detalló que ese predio fue por medio del sindicato Fesapauv, con el objetivo de edificar 60 casas habitacionales y que fueron pagados a través del descuento de sus propias quincenas salariales.
«Lo que pedimos es que nos escuche la gobernadora, que atienda nuestros derechos, que nos den la oportunidad de obtener la posesión de ese terreno. Eso fue hace 28 años. Ese terreno en su momento no tenía delimitación alguna, era un terreno en breña, mandaron a meterse un trabajador, que, en su momento, cuando fuimos hasta nos encontró con un machete», expuso.
Sostuvo que este conflicto afectó a 30 académicos, los cuales algunos ya han fallecido sin haber obtenido justicia. Añadió que, tras este hecho, presentaron una denuncia por despojo sin que hasta la fecha haya una resolución efectiva que permita la recuperación de los predios, aunque dijo que el proceso se encuentra en revisión de amparo.
Sin querer relevar nombres de los involucrados, Acosta Hernández señaló que durante este proceso legal han enfrentado diversas irregularidades y deficiencias, por lo que consideraron que son víctimas del llamado cártel inmobiliario. «Nosotros hemos luchado, hemos visitado, hemos entregado a casi cada presidente municipal nuestras solicitudes y nuestras copias de cómo van nuestros juicios. Yo pienso que los invasores, y su abogado que tienen se sabe de todas y siempre se ha movido por lo bajo».
Finalmente, pidieron la intervención de las autoridades estatales y judiciales para que analicen este caso, así como que se les garantice el respeto de su propiedad y al debido proceso.