Karla Rodríguez Chimal
Xalapa, Ver., 6 de febrero del 2026.- Zureyma «X», fue detenida en el 2012, presuntamente por un error judicial por el delito de homicidio, durante su detención fue víctima de tortura y violencia sexual, aunque fue liberada por reservas de ley. Sin embargo, 14 años después volvió a ser privada de su libertad por las mismas causas. Su hermano, Erick “X”, detenido junto a ella, murió dos años después a causa de los golpes recibidos. Ante esto, su abogado hizo un urgente llamado a las autoridades correspondientes para que intervengan en el caso.
En rueda de prensa, el abogado Fausto Vicente Torres Pérez, explicó que los hechos ocurrieron el 1 de febrero del 2012, cuando ambos hermanos eran estudiantes. Ese día policías ministeriales irrumpieron su vivienda, ubicada en la localidad de Mapachapa, perteneciente al municipio de Minatitlán, donde presuntamente fueron golpeados y sometidos a actos de tortura dentro de las oficinas y separos ministeriales.
«La agencia del ministerio público tuvo un grave error: se equivocó de personas al momento de detenerlos. Resulta que giran una orden de presentación para que sean presentados ante el ministerio público a Daniel «X» y Bertha «X». Lamentablemente estos jóvenes Zureyma «X» y Erick «X» tenían las desgracias de tener las características físicas de estas personas que buscaban», relató.
Detalló que tanto a Daniel «X» como Bertha «X» alias «La chaparra» eran los presuntos responsables del delito, sin embargo, fueron confundidos por ambos hermanos. Erick «X» fue liberado en las primeras horas del 2 de febrero, donde al llegar a su casa relató a su mamá que fueron víctimas de tortura a base de descargas eléctricas en sus partes íntimas. A causa de los golpes el joven murió dos años después.
Zureyma «X» también recuperó su libertad durante el 2 de febrero. No obstante, desde el 2 de enero del 2026 permanece detenida en el penal de Coatzacoalcos, pese a que los responsables fueron detenidos desde el 2014 y con sentencias absolutorias.
El litigante, indicó que han solicitado el Protocolo de Estambul, pero el juez del caso se ha negado a autorizarlo. «Hacemos un llamado al órgano de administración del Poder Judicial, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía General del Estado a que investiguen estos hechos», concluyó.