Karla Rodríguez Chimal
Xalapa, Ver., 28 de enero de 2026.- El ciudadano David Abdala Fernández denunció presunta corrupción y facturación irregular por parte de la exdirectora del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos y actual directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), Lorena Martínez Cabrera en complicidad de Miguel Hernández Linares director del Conalep estatal, por un monto que asciende a 250 mil pesos.
Abdala Fernández, dueño de la empresa Soluciones Integrales, explicó que durante diciembre de 2024 a junio 2025 prestó servicios de rente de 14 equipos de fotocopiado en el Tecnológico de Coatzacoalcos, que fueron utilizados en distintas áreas del plantel. Pese a que el servicio fue continúo y comprobable, nunca recibió el pago correspondiente que asciende los 250 mil pesos.
De acuerdo con el denunciante, inicialmente el acuerdo consistía en que él facturaría los servicios prestados, sin embargo, afirmó que Lorena Martínez habría facturó a través de terceras personas, lo que provocó que no se entregara el pago, aunque el equipo era de su propiedad.
«Aquí tengo conversaciones con ella donde yo le pedía el pago de mis equipos. También había equipos de impresión, todo es verídico y no hay nada chueco de mi parte».
Ante el incumplimiento del pago y de respuesta, él recurrió a la Plataforma Nacional de Transparencia donde comprobó que el pago sí se hizo, pero no a él. Precisó que con la información que obtuvo del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos la distribución de los pagos se hizo de la siguiente manera: en febrero fueron 95 mil pesos, 120 mil en marzo y abril, 117 en mayo y uno más en julio, cuando Martínez Cabrera ya no era directora.
Reconoció que el equipo se le regresó, pero lamentó que dos de los 14 equipos no fueron regresados y otros dos fueron estaban en malas condiciones, situación que no denunció por la esperanza de que se le liquidara el adeudo.
Finalmente, David Abdala hizo un enérgico llamado a las autoridades estatales y a las instancias correspondientes para que investiguen su caso, al asegurar que se trata de un acto de corrupción grave.