* La Oficina de Derechos de la Infancia documentó 25 casos de abuso sexual cometidos entre mayo de 2021 y abril de 2023 en preescolares de todo el país en el informe “#YaNoEsUnSecreto. Ahora se grita en las calles. Abuso sexual organizado en las escuelas en México”
Proceso
99% de los casos de abuso sexual cometido contra niños y niñas, principalmente de entre 3 y 6 años de edad, dentro de las escuelas públicas y privadas del país se cometen con ayuda del personal de dichas instituciones que encubre tales delitos.
Así concluyó la Oficina de Derechos de la Infancia que documentó 25 casos de abuso sexual cometidos entre mayo de 2021 y abril de 2023 en preescolares de todo el país en el informe “#YaNoEsUnSecreto. Ahora se grita en las calles. Abuso sexual organizado en las escuelas en México”.
Estos abusos fueron cometidos en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Coahuila y Baja California.
De los 25 casos, en 24 de ellos, la organización observó que hubo complicidad de las autoridades escolares para encubrir a los agresores de los niños y niñas.
El documento, público a partir de hoy, señala que aún falta información completa para conocer a detalle las dinámicas a partir de las cuales se cometieron estos delitos pues la información pública es parcial, incompleta y fragmentada.
“Esto ha impedido visibilizar la dimensión del fenómeno de abuso sexual infantil organizado en las escuelas de México”, indica.
Esto, precisa la organización, se debe a que las investigaciones que realizan las autoridades están fragmentadas y son deficientes pues se enfocan en el abuso sexual, lo que limita, ignora, invisibiliza o restringe las líneas de investigación a la comisión de otros delitos como la explotación sexual, explotación sexual digital, trata, entre otros.
“Existe una acción deliberada por las autoridades (sobre todo educativas) para encubrir los delitos y a las personas responsables.
Una de las acciones de encubrimiento es el ocultamiento de información sobre los hechos y las dinámicas de violencia de las que fueron víctimas las niñas y niños, así como evitar que las denuncias trasciendan a otras instancias, lo que limita el registro y acceso a la información de esos hechos”, advierte.
Además, la organización afirmó que las autoridades involucradas en la atención e investigación de estos casos no registran toda la información sino únicamente registran los datos que consideran necesarios para el servicio que ofrecen lo que impide tener un panorama completo de la problemática para generar soluciones reales.
“Se invisibiliza un problema que atraviesa al país. Los números de víctimas, escuelas y estados en los que tienen lugar estos casos siguen escalando año con año. No son hechos aislados y excepcionales”, enfatiza.
Detalla que al no contar con información completa sobre las dinámicas de los delitos, los niños y niñas víctimas no pueden acceder a procesos de justicia en los que puedan tener una reparación integral del daño al que fueron sometidos por este tipo de violencia y se invisibiliza la participación de otras personas en los mismo, lo cual implica que los cómplices no sean sancionados.
“La invisibilización y la impunidad es un incentivo para seguir cometiendo estos delitos. Ante la falta de mecanismos de prevención y protección eficaces, las y los agresores pueden continuar con sus actividades delictivas, muchas veces, dentro de los mismos centros escolares”, precisa.
El informe se realizó por primera vez en el año 2021 y desde entonces, la ODI identificó patrones que le llevan a concluir que este tipo de violencia contra niñas y niños en las escuelas es un abuso sexual organizado.
Estos patrones son: las víctimas son agredidas en grupo, múltiples adultos están presentes durante el abuso, el personal escolar realiza actos de encubrimiento, hay adultos que facilitan el abuso de los niños, existen prácticas ritualistas y grotescas, se usan disfraces durante el abuso así como cámaras y existen indicios de sedación.
Por ello, la organización urgió a las fiscalías a investigar de oficio la posible producción de material de explotación infantil en todos los casos de abuso sexual cometidos en las escuelas y a las autoridades a adecuar sus protocolos de atención en casos de violencia sexual a los estándares internacionales en la materia.
CDMX, epicentro de los abusos
De las 11 entidades en las que fueron documentados los casos, la Ciudad de México es la que mayor incidencia presenta con 7 de los 25 en total que la ODI ha registrado.
Sin embargo, en agosto de 2022 Proceso documentó (No. 2391) que hasta abril de 2022 la Secretaría de Educación Pública recibió 457 denuncias de abuso sexual cometido por maestros adscritos a escuelas públicas de nivel preescolar, primaria, secundaria y medio superior sólo en la Ciudad de México.
El año en que más denuncias fueron presentadas fue en 2015 con 99 reportes de los cuales 39 ocurrieron en secundarias, 47 en primarias y 13 en instituciones de nivel preescolar.
El año con menos casos fue 2011, con 11 reportes y en los primeros cuatro meses de 2022 la cifra llegó a 22.
En todos estos años -2011, 2015 y los primeros cuatro meses de 2022- todos los agresores identificados por la SEP eran maestros.
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que desde 2012 y hasta abril de 2022 inició sólo 209 investigaciones por este tipo de agresiones cometidas en agravio de alumnos del Sistema Educativo Público Básico.
El 2016 fue el año en el que la FGR abrió más investigaciones, con 51; en 2020 sólo inició dos carpetas y en los primeros cuatro meses de 2022 llevaba abiertas cuatro indagatorias.
Proceso requirió a la FGR el número de funcionarios indiciados o imputados y reportó 216 de los cuales 85 estaban adscritos a secundarias, 75 a primarias y 50 en instituciones de nivel preescolar. De seis indicó que desconoce el nivel educativo en el que se desempeñaban cuando cometieron las agresiones denunciadas.