* La violencia desatada por las disputas entre grupos criminales ha alcanzado a miembros de la comunidad religiosa en varias entidades del país
Infobae
El asesinato de dos sacerdotes jesuitas el 20 de junio de 2022 en Cerocahui, Chihuahua, acabó con la creencia de que los representantes de la Iglesia en México eran intocables para el crimen organizado.
Aquel crimen, según presumen las investigaciones, habría sido orquestado por José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, líder de una célula de Gente Nueva, brazo armado del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, una entrevista recientemente publicada por el sitio Insight Crime reveló que ese no ha sido el único grupo criminal que ha cometido agresiones contra la comunidad religiosa.
El clérigo Rafael Bonilla López (no es su nombre real, pero fue modificado por motivos de seguridad) radica en Michoacán, en la región de Tierra Caliente que está en disputa entre múltiples cárteles.
Semanas después del homicidio de Joaquín Mora y Javier Campos en Chihuahua, Bonilla López ofició una misa en su memoria a la cual no sólo acudieron feligreses. A la mitad de la ceremonia, entraron a la capilla nueve presuntos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
No era la primera vez que se veían hombres armados del cártel de las cuatro letras por la zona, pero sí fue la primera ocasión en que algunos de ellos entraron al santuario.
“Todos eran jóvenes” y tendrían menos de 30 años, apuntó Bonilla López al citado medio. Entraron por la puerta principal y aguardaron a que terminara la misa. El sacerdote reconoció que, por respeto a la memoria de los jesuitas asesinatos, no quiso interrumpir el acto religioso, aunque “he reconocido que debí expulsar a estas personas por introducir armas a la casa de Dios”.
Cuando la ceremonia llegó a su fin, el comando de sicarios esperó al padre afuera del templo para amenazarlo y darle un contundente mensaje. “Quiero que sepan que mi grupo y yo somos los que controlamos esta área”, fue lo que un miembro del grupo armado le dijo a Bonilla López.
Tras la intimidación, algunos miembros de la comunidad religiosa le ofrecieron al eclesiástico su ayuda para huir del estado, pero él se negó a irse.
“[Si me voy], socavaría la fortaleza espiritual de la Iglesia Católica e incumpliría la vocación religiosa a la que he consagrado mi vida presente y mi vida eterna”, relató Bonilla López en una denuncia oficial ante los funcionarios estatales, según Insight Crime.
Desde el día en que los sicarios lo sorprendieron a mitad de su misa, Bonilla López recibio múltiples amenazas de muerte y exigencias para abandonar la zona, pues de lo contrario debía “enfrentar las consecuencias”. Sin embargo, el clérigo no se ha dejado intimidar por el crimen organizado. “Quisieron correrme, pero yo no quise irme y aguanté, y aquí estoy”, dijo el religioso en la entrevista.
Durante los más de 30 años que el sacerdote ha trabajado en esa región, ha visto desfilar a múltiples grupos del crimen organizado. Desde el Cártel del Milenio y sus alianzas con el Cártel de Sinaloa para consolidarse en el mercado de la metanfetamina, pasando por Los Zetas y la Familia Michoacana.
Según una radiografía del estado de Michoacán elaborada por Insight Crime, a partir de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actualmente el terreo está disputado por La Familia Michoacana, remanentes de los Caballeros Templarios, Cárteles Unidos (encabezados por Los Viagras) y el CJNG.
Sin embargo, de entre todos ha destacado la organización de las cuatro letras por su asedio en años recientes.
En palabras del sacerdote entrevistado, antes de la llegada del CJNG a esa zona existía una mayor tolerancia de los narcotraficantes hacia la ciudadanía. “El cambio fue que los otros narcos convivían con la población y los nuevos narcos [del CJNG] agredían a la población”, sentenció el clérigo.
La violencia que ha desatado esta pugna dentro de la región ha provocado la reducción en unos 100 habitantes en la demarcación donde reside Bonilla López, ya que a muchos los han asesinado y desaparecido, mientras que otros más han sido desplazados. “La gente quiere vivir en paz, pero ya no quiere vivir aquí debido a la inseguridad”, lamentó el padre.