* Al menos 3 mil 600 personas fueron desaparecidas durante la administración de Javier Duarte en Veracruz. En la fiscalía del estado se acumulan cientos de carpetas judiciales por ese delito. Sin embargo, al exgobernador sólo se le vincula a proceso por “obstruir” la investigación de un solo caso
Proceso
La acusación endeble y con filo político de la fiscalía estatal contra el exgobernador Javier Duarte de Ochoa por la desaparición forzada de un policía soslaya la escalofriante realidad que dejó su mandato, un periodo en el que miles de personas fueron víctimas de este delito, por lo que colectivos de familias ya optaron mejor por acudir a la Corte Penal Internacional.
Los familiares de las personas ausentes creen que la justicia no alcanzará a Duarte por esta reciente vinculación a proceso por un solo caso, mientras permanecen acumuladas cientos de carpetas de investigación iniciadas durante su sexenio (de 2010 a 2016) y el gobierno del morenista Cuitláhuac García se muestra insensible y lejano a la crisis por este rezago y lo que se acumula a la fecha.
Del periodo duartista, la Comisión de Búsqueda ha documentado más de 3 mil 600 desapariciones.
En agosto pasado el colectivo Solecito, junto a la Federación Internacional de Derechos Humanos y Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., denunció ante la Corte Penal Internacional la desaparición forzada de 22 personas cometida con la participación de autoridades de la administración de Duarte y coludidas con el crimen organizado.
Siete de las 22 fueron ubicadas en la fosa clandestina Colinas de Santa Fe, donde se localizaron 305 cráneos y 22 mil 500 restos.
Esta denuncia es la quinta que recibe el tribunal internacional por desapariciones forzadas en México. Y señala específicamente el uso de recursos públicos y la participación de funcionarios y personal de corporaciones estatales en la práctica de detenciones arbitrarias, privación de la libertad, hasta la desaparición de personas, además de la omisión o negativa de autoridades, como la fiscalía estatal para investigar o dar informes a los familiares.
A estos casos documentados por el colectivo Solecito se suman otros, como la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca que fueron entregados por policías estatales a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en enero de 2016.
La fiscalía tampoco está incluyendo en la acusación contra Duarte su posible responsabilidad por la desaparición de 19 cuerpos hallados en la barranca de La Aurora en 2016, únicamente lo imputa por obstruir la investigación de la desaparición de una persona: el policía estatal David Lara Cruz (Proceso 2229).
El caso de Lara
Actualmente Javier Duarte se encuentra preso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa en el Reclusorio Norte, donde cumple una condena de nueve años.
Pero a la fecha estas carpetas de investigación están aisladas y no se han integrado a la acusación contra el exgobernador Duarte. Los 16 policías y el exdirector de la Fuerza Civil, Roberto Meza, acusados de la desaparición de 15 personas, salieron de prisión en diciembre de 2018 y siguen su proceso en libertad, lo mismo que Arturo Bermúdez.
La barranca La Aurora fue nombrada por primera vez por un policía detenido por desaparición forzada, quien contó que personas señaladas como integrantes de Los Zetas eran torturados en el interior de la Academia de Policía y posteriormente eran trasladados a un lugar que llamaban “La Laguna Negra” o “barranca de La Aurora”.
Carlos Saldaña, del Colectivo Enlaces Xalapa y quien busca a sus hijos Karla y Jesús Alberto, desaparecidos en noviembre de 2011, ha explorado y documentado esta zona desde hace varios años.
Fue uno de los primeros en bajar a rapel por las paredes rocosas del lugar. Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han hallado en el fondo de esa barranca entre maleza y basura, decenas de mandíbulas y cientos de huesos, que a la fecha no han podido identificarse.
“Cadena de complicidades”
Saldaña asegura que la barranca destapa una cloaca de corrupción, asesinatos y desapariciones en Veracruz, en la que están coludidos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y toda la cadena de mando.
“Es una cadena de complicidades que tienen que ver con la cadena de mando, funcionarios que fueron omisos, que no hicieron su trabajo; hay muchas carpetas de investigación que revelan que las personas fueron levantadas por policías y luego llevadas a la academia”, señala.
Óscar Espino, asesor jurídico de familiares de desaparecidos, dice que la barranca no es el único lugar donde policías estatales tiraban cuerpos, según los testimonios. En la búsqueda por las barrancas cercanas a Xalapa, en los municipios de Tlaltetela y Cosautlán, también se han hallado restos y cráneos.