Por más de dos semanas, los y las trabajadores sexuales han esperado a que suceda lo que piensan casi imposible.
Desde el pasado 6 de octubre, colectivas, trabajadoras y activistas aguardan una disculpa pública de la diputada María Clemente García, de Morena, quien presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Trabajo en la cual —consideran— se criminaliza y estigmatiza a quienes ejercen el trabajo sexual.
Victoria, Diana y Yaz, trabajadoras sexuales de la Ciudad de México, dicen a Animal Político por qué están convencidas de que la iniciativa representaría un retroceso en su lucha por el trabajo sexual digno y reconocido en la capital del país.
Las trabajadoras que no fueron escuchadas
Sentada en la paletería La Michoacana cercana al Metro Revolución, una zona que es punto de trabajo sexual y donde se puede encontrar hasta a 50 trabajadoras en una sola esquina, Victoria Sámano expone su caso.
A sus 28 años, Sámano —mujer transgénero— decidió ejercer el trabajo sexual por la necesidad de tener un ingreso extra no solo para ella, sino para las compañeras con quienes vive en su departamento de dos recámaras, que desde 2021 funciona como albergue para personas en situación de calle.
De acuerdo con la Segunda Encuesta de Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (Copred), nueve de cada 10 personas señalan ejercer el trabajo sexual por motivos económicos.
Con sus uñas largas de color morado, Victoria deja caer sus manos en la mesa para recalcar lo que ha dicho en sus redes sociales en los últimos días: no se puede hacer una reforma sobre trabajo sexual sin quienes lo ejercen.
“La diputada habla de regular el trabajo sexual y yo creo que es el verbo equivocado. Lo que se debe hacer primero es reconocerlo para así combatir los estigmas que existen alrededor de esta profesión”, dice.
El Copred señala que nueve de cada 10 personas trabajadoras sexuales consideran necesario el reconocimiento del trabajo sexual. Piensan que así podría haber menor discriminación, contarían con acceso a servicios de salud y no serían violentadas por la policía.
De acuerdo con la activista y trabajadora sexual, en la llamada “ciudad de derechos”, la sociedad rechaza a quienes ejercen el trabajo sexual; se les tacha de “huevonas” porque “les gusta el dinero fácil”.
“El trabajo sexual nunca es fácil. Siempre estamos al tiro, atentas de lo que puede pasar; muchas veces, sobre todo para nosotras las mujeres trans, el trabajo sexual es nuestra única opción. Lo que decía la diputada María Clemente de regularlo es porque dice que tenemos obligaciones con el Estado, y quizá sí las tenemos como el resto de la sociedad, pero el Estado primero tiene obligaciones con nosotras. Somos mujeres que ni siquiera tenemos acceso a derechos como el seguro social o el acceso a la vivienda. Desde ahí se debería partir antes de hablar de regular el trabajo sexual”, dice Victoria, que ejerce el oficio desde hace tres meses.
La iniciativa de ley propone para el artículo 353: “El trabajo sexual deberá ejercerse en condiciones de salubridad suficientes que garanticen evitar contraer enfermedades o infecciones derivadas del trabajo sexual. Tanto las personas trabajadoras sexuales están obligadas mutuamente a evitar riesgos de contagio de enfermedades o infecciones durante la realización del trabajo sexual. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a responsabilidades civiles o penales en que cualquiera de las partes pueda incurrir”.
Victoria recuerda que casi gritó cuando leyó esto. Primero, la joven pensó que la diputada desconocía la realidad que viven las personas trans y trabajadoras sexuales en la CDMX.
Por ello, en un comunicado firmado por diversas organizaciones, se señaló: “Resulta discriminatorio obligar a les trabajadores sexuales a revelar su estado serológico y comprobar un estatus negativo para poder laborar. La criminalización no es la solución”.
Además, activistas y defensores de los derechos humanos de las personas con VIH y sida en México resaltaron: “Vivimos en un país en el que actualmente la atención a Infecciones de Transmisión Sexual es deficiente y las prestaciones en materia de salud pública a personas que ejercen el trabajo sexual son inexistentes por lo que es delicado hablar de ‘riesgos de contagio’ ya que podría dar pie a la persecución de personas que viven con alguna ITS”.
“Al presentar una iniciativa de ese tipo, estás criminalizando a personas que viven con VIH, es como decir que si tienes el virus no puedes ejercer y no es cierto. Tenerlo no significa que vas a transmitirlo. Y esa propuesta es como abrir la puerta a que los clientes o las autoridades te extorsionen. Leer ese documento fue ver que el principal problema es que se propuso una reforma sin escuchar al sector de quien estás hablando”, remata Victoria.