El crédito fiscal que Grupo Elektra liquidó hoy deriva de irregularidades cometidas en 2006, cuando el grupo realizó descuentos ilegales a sus resultados fiscales a través de la fusión de empresas subsidiarias.
Después de perder una batalla legal de nueve años, Grupo Elektra, del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, pagó un primer crédito fiscal de 2 mil 772 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y anunció que mantiene litigios para no pagar más de 31 mil millones de pesos de impuestos que todavía le reclama el organismo recaudador.
El crédito fiscal que Grupo Elektra ha liquidado hoy al SAT deriva de irregularidades cometidas en 2006, hace 16 años, cuando el grupo realizó descuentos ilegales a sus resultados fiscales a través de la fusión de empresas subsidiarias. En su conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador “agradeció” el pago.
Sin embargo, el grupo no lo hizo de buena gana: el SAT le determinó el crédito fiscal el 25 de julio de 2013, hace más de nueve años, y la empresa ha desplegado todos sus esfuerzos legales para no pagarlo.
Así, en octubre de 2016, Grupo Elektra perdió un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que confirmó el crédito fiscal determinado por el SAT tres años antes. Grupo Elektra procedió entonces a quejarse de que esta resolución resultaba violatoria de sus derechos humanos y presentó un juicio de amparo, que llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que lo desechó el pasado 19 de enero.
Con el pago anunciado hoy, Grupo Elektra no ha terminado sus problemas fiscales: el SAT todavía le reclama 31 mil 385 millones de pesos por irregularidades fiscales detectadas entre 2007 y 2013.
De ese monto, 26 mil 980 millones de pesos derivan de créditos fiscales determinados en una maniobra contable que Grupo Elektra realizó en el desmantelamiento de la aerolínea Mexicana de Aviación, en 2010: el grupo adquirió por 600 millones de pesos unas sociedades de papel escindidas de Mexicana de Aviación –causando un desfalco multimillonario para los trabajadores–, y las utilizó para descontarse más de 28 mil millones de pesos de impuestos entre 2010 y 2013.