* El implicado podría estar vinculado a las investigaciones del caso Inés Gómez Mont y Álvarez Puga
MILENIO
Jorge Arnaldo Nava López fue separado del cargo de fiscal de Distrito de la Zona Norte, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, para atender un proceso en su contra por el presunto desvío de tres mil millones de pesos, delito del que está acusado junto con otros funcionarios del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), entre ellos Eduardo Guerrero Durán, quien era el comisionado.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Roberto Fierro, informó que, al tener conocimiento de un proceso legal que enfrenta Nava López, decidió separar al juez y especificó que esta acción no tiene que ver con los cambios o ratificaciones de titulares de las distintas áreas que se realiza el inicio de la nueva administración encabezada por la gobernadora María Eugenia Galván Campos.
“Ante el conocimiento que se tuvo, a través de algunos medios de comunicación nacionales, de un procedimiento legal que enfrenta el funcionario, se tomó la decisión de separarlo para que enfrente el proceso”, indició Fierro.
El funcionario agregó que los cambios o ratificaciones en la Fiscalía General de Estado Chihuahua continuarán conforme se tiene programado y hasta concluir los procesos de entrega-recepción de todas las áreas, fiscalías de distrito y fiscalías especializadas.
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, Iván Aarón Zeferín Hernández, emitió una orden de captura en contra de diez ex funcionarios federales.
Se presume que en esa lista esté el ex fiscal Arnaldo Nava, quien se desempeñó como ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.
Además se busca a Eduardo Guerrero Durán, quien en su momento también fue el responsable de los centros penitenciarios del gobierno del estado de Chihuahua; a Emmanuel Castillo Ruiz, ex responsable de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS; Héctor Oswaldo Zorrilla; Yareli Eunice Delgado; Paulo Uribe Arriaga, ex director General de Administración; así como de José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras.
Al parecer estas ordenes de aprehensión derivan del caso que se sigue en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, por la posible triangulación de dos mil 950 millones de pesos a través de empresas factureras.