* Lawrence G. Keane, vicepresidente Senior y Asesor Jurídico de NSSF, indicó que «el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras»
EL UNIVERSAL
La industria armamentista respondió por la tarde a la denuncia que presentó México contra el sector. En un comunicado, la Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó que se cometan «prácticas de negocio negligentes».
«Las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas», se indicó en el escrito. Lawrence G. Keane, vicepresidente Senior y Asesor Jurídico de NSSF, indicó que «el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras».
“La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público.
«En lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia. El gobierno mexicano, que recibe una ayuda considerable de los contribuyentes estadounidenses, es el único responsable de hacer cumplir sus leyes, incluidas las estrictas leyes de control de armas del país, dentro de sus propias fronteras», mencionó.
“Esta demanda presentada por un grupo estadounidense de control de armas que representa a México es una afrenta a la soberanía estadounidense y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses respetuosos de la ley a poseer y portar armas. Un derecho denegado al pueblo mexicano que no puede defenderse de los cárteles”, siguió.
En el comunicado se destacó que » el gobierno de Estados Unidos también vende armas de fuego directamente al gobierno mexicano. Los soldados mexicanos continúan desertando para trabajar para los cárteles de la droga, llevándose consigo sus rifles de servicio fabricados en Estados Unidos.
«En los últimos años, el número de deserciones se ha disparado a más de 150.000. Según los cables del Departamento de Estado de Estados Unidos, las armas más letales utilizadas por los cárteles mexicanos provienen de los arsenales centroamericanos. Además, según un informe de 2006 de Amnistía Internacional, China suministraba activamente armas a países latinoamericanos, que posteriormente fueron incautados en México».
El gobierno mexicano anunció este miércoles una «inédita» demanda contra 11 empresas que fabrican y venden armas en Estados Unidos, a las que acusa de negligencia por facilitar el tráfico ilícito y detonar así la violencia en el país.
El recurso se interpuso en una corte federal de Boston, Massachusetts, contra algunas de las compañías de armas más grandes de Estados Unidos, como Smith & Wesson, Colt, Barrett Firearms o Sturm, Rug.
Más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17 mil homicidios anuales y de daños equivalentes a 1.5 % del PIB, según datos presentados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Ebrard incluso acusó a los fabricantes de «estar desarrollando diferentes modelos para el narco».
«Los utiliza el narcotráfico, están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de uso», expresó el secretario.
La demanda se presenta cuando México ha registrado los dos años más violentos de su historia coincidiendo con los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con 34 mil 681 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 554 en 2020.
La tasa de homicidios se mantiene en su nivel más alto de la historia desde 2018, con 29 por cada 100 mil habitantes, reveló la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).er & Co., para que reparen el daño y garanticen la no repetición.
«¿Cuál es el objetivo? Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto de esta exigencia será determinado en el juicio», expuso el canciller, Marcelo Ebrard, al presentar la demanda.