- La directora de Análisis Económico Financiero de Banco BASE, Gabriela Siller, dijo respecto a la iniciativa que es otro golpe a la inversión fija en México
MILENIO
Ciudad de México, 27 de marzo de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se modifican y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hidrocarburos, en la que de acuerdo con especialistas se busca fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con lo señalado en la iniciativa, la modificación a la Ley de Hidrocarburos afecta directamente al sector de downstream, es decir aquellas actividades como el transporte y almacenamiento de los productos derivados del petróleo hasta su venta en los mercados de consumidores.
El director de Ursus Energy, Santiago Arrollo, señaló que la iniciativa López Obrador respeta su palabra de no tocar los contratos petroleros, es decir, no se mete a upstream porque sabe que implicaría una afrenta directa contra los intereses de las petroleras.
Sin embargo, dijo que el downstream es el sector más afectado y el que se ataca directamente en el área de importación comercialización distribución almacenamiento y expendios.
«De alguna manera se legaliza las políticas de almacenamiento mínimo que están suspendidas, cómo sucedió con la modificación Ley de la Industria Eléctrica. Están tratando de enderezar las fallas que tuvieron como administración pública, elevándolas a rango de ley».
Santiago Arroyo dijo que el punto más preocupante de toda la iniciativa es el artículo 57 y 59 bis, en el cual se plantea que los órganos reguladores pueden intervenir instalaciones y ponerlas en mano de las empresas productivas del estado o terceros.
En el Artículo 57 actual pone el término de seguridad nacional, interés nacional y quitan a los terceros dejando únicamente a Pemex como empresa productiva del estado que puede asumir la intervención, «estamos hablando de una toma de instalaciones porque así lo dice la letra, estamos hablando prácticamente de una expropiación directa, porque finalmente está planteando una serie de supuestos como el de interés nacional que no sabemos qué significa».
Además, dijo el directivo que resulta ambiguo que, porque no se modifica el Artículo 2, dónde vienen las definiciones, por lo que podremos interpretarlo como una facultad totalmente discrecional de la Secretaría de Energía (Sener), el Presidente de la República y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para intervenir instalaciones de privados, desde un ducto, una terminal de almacenamiento, hasta una estación de servicio.
En entrevista añadió que el 59 bis, se adiciona en el mismo sentido. «Un retiro definitivo o suspensión de los permisos.
Dejando abierta la interpretación de en qué casos se debe ejercer lo señalado en los artículos 57 y 59 bis. Lo más interesante, la operación de esto va directo a Pemex».
Por su parte, Arturo Carranza dijo respecto a la iniciativa que se está decidiendo llevar cambios que ya se habían planteado en acuerdos administrativos y que fueron detenidos por el Poder Judicial, y ahora los está llevando a la ley.
«Lo que plantea esta iniciativa a todas luces es el fortalecimiento de Pemex en el mercado de los combustibles y un segmento del negocio que para la empresa productiva del Estado es muy importante y en el que los últimos años ha perdido una importante participación a raíz de la apertura de la competencia».
El especialista del sector energético dijo que hay muchas generalidades y muchos conceptos abstractos dentro de la iniciativa que evitan que la industria funcione plenamente.
La directora de Análisis Económico Financiero de Banco BASE, Gabriela Siller, dijo respecto a la iniciativa que es otro golpe a la inversión fija en México.
«La propuesta de reforma de Ley de Hidrocarburos tendrá consecuencias gravísimas para la economía y la confianza sobre el país. Anularía por completo la inversión en el sector. Con esto la Inversión Extranjera Directa (IED) caerá al menos 5 por ciento este año».
La analista consideró que después de la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta es la peor decisión económica.