- El director de Etellekt Consultores indicó que es necesario cambiar la legislación para proveer de seguridad a los aspirantes a alguna candidatura, pues «si no se corrige, esto se va a disparar para 2024»
MILENIO
Ciudad de México, 24 de marzo de 2021.- En el actual proceso electoral en México se han asesinado a 18 aspirantes, lo que lo convierte en el segundo más violento de este siglo. La única elección que lo supera, en número de tragedias fatales de candidatos y aspirantes, es la de 2018, cuando se asesinó a 28 aspirantes en el mismo periodo. Pero en otros rubros, la de este 2021 también es la más violenta: 238 agresiones y 218 víctimas, que supera los números del mismo periodo del 2018, de 188 agresiones, con un saldo de 183 víctimas.
Por tanto, el proceso que culmina el el 6 junio se perfila como el más violento de los últimos ocho procesos federales concurrentes, de acuerdo con Indicador de Violencia Política de Etellekt Consultores.
En general, de acuerdo con Rubén Salazar, director de la consultora, entre el 7 de septiembre de 2020 y el 20 de marzo de 2021 han sido asesinados 61 políticos y 78 servidores públicos sin militancia o con aspiraciones, lo que arroja un total de 139 muertes en total; estos homicidios se registraron en 25 entidades y 114 municipios del país.
Veracruz fue la entidad que más homicidios a causa de violencia política, al registrar el 12 por ciento de ellos; Guerrero y Oaxaca, 11 por ciento y Morelos, Guanajuato, Estado de México y Jalisco se colocan en el tercer lugar con tres por ciento.
Etellekt Consultores analiza diversas agresiones cometidas en el proceso electoral como variables; “de las 238 agresiones cometidas contra políticos, aspirantes y candidatos, 71 de ellas fueron amenazas; 61 homicidios dolosos; 16 privaciones ilegales de la libertad; 16 casos de infracciones en contra de la dignidad de los políticos o aspirantes –que a veces son enfrentamientos en mítines, reuniones de partidos políticos, maltrato físico o verbal, huevazos o sillazos–; 14 atentados contra familiares de políticos; 13 robos con y sin violencia y 12 víctimas de homicidio en grado de tentativa».
“Además, hay 10 casos despojo de oficina, 10 de daño a la propiedad –donde llegan grupos de civiles armados o con objetos o sustancias flamables a dañar las fachadas de algunos políticos y aspirantes, como método de intimidación–, ocho ataques contra colaboradores, cuatro víctimas de lesiones, dos de intimidación y un caso de privación ilegal de la libertad, en grado de tentativa”, explica Salazar.
Salazar añade que el principal autor material de la violencia política es el crimen organizado, pues es responsable, por ejemplo, del 90 por ciento de los 61 homicidios dolosos de políticos a cargo de comandos armados, y que en ese sentido, el indicador de los homicidios dolosos de aspirantes es el más delicado porque ocurren en una parte del proceso donde las víctimas son absolutamente vulnerables. Además de ser un mecanismo de confrontación, casi siempre entre gobiernos estatales y municipales, por el cual los adversarios colocan a su propio aspirante.
“De los 61 políticos asesinados de septiembre a la fecha, 18 eran solamente aspirantes; de ellos, 15 pretendían competir por alcaldías, una por una regiduría y, dos más, una por diputación federal y otra por una diputación local. Es decir, 16 de los 18 buscaban puestos municipales y de estos 16, el 81por ciento eran opositores a los alcaldes que gobiernan.
“Este es un dato estremecedor que habla de que la violencia está dirigiéndose de manera particular contra quien es opositor, me parece que es un dato que debe llamar la atención de la autoridad y que debería ser el parteaguas para que las investigaciones profundicen estos móviles políticos que pudiera haber detrás.”
De acuerdo con Salazar, un patrón que se repite, en relación al 2018, es que los agresores aprovechan un foco de oportunidad en el periodo de pre campañas e intercampañas, donde los aspirantes o precandidatos aún no tienen registro alguno y la legislación electoral no les provee seguridad. Además, indica que los agresores han entendido muy bien que la autoridad judicial actúa con menos determinación cuando se trata de aspirantes, los maneja como homicidios comunes.
“Se necesita cambiar la legislación en la material, que se abra una línea directa con los aspirantes que soliciten protección y que se estudie la factibilidad porque, a partir del 4 de abril, iniciará la etapa más crítica, se va a poner a prueba la estrategia del gobierno y si no se corrige, esto se va a disparar para el 2024”, señala Rubén Salazar.